martes, 2 de septiembre de 2014

La Junta de Tratamiento, entre bastidores.

Cuando hablo de mi trabajo en prisión me resulta casi imposible no mencionar la Junta de Tratamiento. Hoy propongo un acercamiento a la misma desde la perspectiva de una trabajadora social de prisiones y las dificultades que nos podemos encontrar en ella.

Si necesitas una descripción precisa te aconsejo que acudas al Reglamento Penitenciario, concretamente, a los artículos 272 y 273 que versan de su composición y funciones. Para el tema que nos ocupa basta decir que se trata de un órgano colegiado que tiene entre sus miembros a un educador, un psicólogo, un jurista y un trabajador social. Establecer programas de tratamiento para cada persona interna, proponer la asignación de grado y pronunciarse sobre los beneficios penitenciarios son algunos de sus cometidos. Resumiendo, podemos afirmar que en las Juntas de Tratamiento es donde se cuecen las habas, ahora vamos al tema.

 Normalmente, en cada ámbito donde desempeñamos nuestra labor existen uno o varios profesionales de referencia: en los servicios sociales de atención primaria suele ser el trabajador social; en salud, los médicos; en drogodependencias, el psicólogo; en prisión, generalmente, los juristas.

Esto en las Juntas de Tratamiento se traduce en que, a veces, nuestra opinión es más cuestionada que la de los compañeros juristas. ¿Por qué?

Parte de la culpa, proviene de nuestro propio origen histórico vinculado a la Iglesia, la beneficencia y los movimientos femeninos, lo cual parece que ha creado en la mente colectiva la idea de que el trabajo social tiene que ver con la bondad, el altruismo y la caridad. Ideas que, sin ser negativas en sí mismas, generan otras muy perniciosas: sentimentalismo, falta de profesionalidad o escaso rigor científico. Si a estos prejuicios le sumas el poco conocimiento que existe sobre nuestra profesión, las dudas están servidas.

Otro factor que también creo que influye es la confusión entre subjetividad  y arbitrariedad.
En muchas ocasiones se nos acusa a los trabajadores sociales de emitir juicios de valor desde la subjetividad. Y en otras tantas nos afanamos en desmentirlo. Por mi parte, quiero reivindicar esa subjetividad, somos subjetivos, es más para eso nos pagan, pero de ahí no se puede desprender que las decisiones sean tomadas a la ligera. La valoración que realizamos de una persona está basada en la interpretación técnica que extraemos de la información recabada. Es, precisamente, en esa subjetividad en la que se basa el Tratamiento Penitenciario y el tratamiento individualizado que tan a gala lleva la Secretaría General de IIPP. Si no quedase margen a la interpretación, bastaría con promulgar una ley que cerrase completamente el acceso al beneficio y no contemplase las circunstancias o características de la persona. Lo más gracioso es que esto es defendido especialmente por profesionales que provienen del Derecho, como si éste fuese objetivo: ¿Acaso están siempre los jueces de acuerdo en la emisión de un verdicto? ¿Por qué en muchas ocasiones en las que se recurre a una instancia superior la sentencia cambia? ¿Significará eso que los jueces también son subjetivos en la interpretación de la norma?

Seamos proactivos: ¿Cómo lo podemos solucionar?

En la Junta de Tratamiento es uno de los espacios donde tenemos la posibilidad de argumentar nuestras decisiones, de desplegar los conocimientos de los que nos ha dotado la disciplina y de fundamentar nuestros posicionamientos, basándonos en indicadores y en la realización de un diagnóstico riguroso.
En mi trabajo diario tengo siempre presentes una serie de indicadores que me ayudan a realizar mi labor, a continuación los expongo por si resultan de utilidad:
  • Referentes positivos en su red próxima.
  • Formación y habilidades profesionales.
  • Posibilidades laborales.
  • Fase del consumo tóxicos.
  • Apoyo económico-emocional.
  • Situación administrativa de residencia.
  • Expectativas de futuro. 
  • Percepción de la experiencia carcelaria.
  • Continuidad de factores desencadenantes del delito.
Asimismo, la utilización de indicadores y la elaboración de un diagnóstico va a repercutir positivamente en, al menos, tres direcciones:

-En la responsabilidad para con la sociedad y la población que atendemos, ya que tomar decisiones como la concesión o denegación de un permiso puede tener consecuencias negativas en el interno y/o la comunidad.
-En la ética del trabajo social, evitando que se cree, entre la población penitenciaria, la idea de arbitrariedad en la dotación de beneficios; y, proporcionando la atención, objetividad, respeto y dignidad que, sobra decir, merecen las personas con las que trabajamos.
-En la defensa del trabajo social como disciplina y profesión, ayudándonos a enmarcarnos como profesionales útiles dentro de la organización.

Me despido agradeciendo al Consejo General de T. S. que me haya incluido en la Blogotsfera. Hasta pronto.