El delito de odio, a pesar de no estar tipificado como tal en nuestro Código Penal, puede ser definido como toda infracción penal que tiene como motivación principal la discriminación y la intolerancia hacia una persona o grupo por razones de raza, sexo, orientación sexual, discapacidad, etc.
No me había parado demasiado a pensar en esto hasta que hace unas semanas acudí a un encuentro que convocó el Observatorio Hatento sobre un tipo específico de delitos de odio: la aporofobia, o lo que es lo mismo, los delitos de odio hacia personas sin recursos.
El Observatorio, coordinado por RAIS Fundación, está realizando una interesante labor investigadora que muestra el alcance y los mecanismos que subyacen tras los delitos de odio contra las personas sin hogar. En el informe de investigación puedes encontrar datos acerca de quiénes cometen estos delitos, en qué medida las víctimas piden apoyo y denuncian los hechos o cuáles son las consecuencias físicas y emocionales.
Resulta alarmante que casi la mitad de las personas sin hogar haya sufrido humillaciones, intimidaciones y/o agresiones, y más alarmante aún que, de éstas, al menos el 80% las ha padecido en más de una ocasión. Es cierto que no todas las agresiones han sido físicas, pero como norma general todas las agresiones físicas han ido acompañadas de insultos y descalificaciones como: muerto de hambre, vagabundo, apestas y otras perlas semejantes que denotan tremenda agudeza mental.
Lo preocupante además es que los agresores suelen salir impunes por distintos motivos, pero el más evidente es que la víctima no denuncia. El hecho de no tener un domicilio fijo donde recibir notificaciones, la vergüenza o los interminables procedimientos burocráticos parecen ser las razones que más influyen en que estas personas desistan de emprender acciones legales.
De hecho, en mi trabajo en prisión, aún no he conocido ningún interno cumpliendo condena por los delitos a los que venimos haciendo referencia, a pesar de que, si tiramos un poco de hemeroteca, es bastante sencillo encontrar noticias sobre el tema.
Lo que sí ocurre con frecuencia es que, al término del cumplimiento de prisión, muchas personas son puestas en libertad sin más hogar que la calle, echando por tierra la más mínima oportunidad de reinserción social y favoreciendo el círculo vicioso calle-cárcel-calle-cárcel…muerte, porque no olvidemos que estas personas tienen una esperanza de vida bastante inferior a la media; alrededor de los cincuenta años.
En este sentido me ha parecido muy interesante una iniciativa que se está llevando a cabo para la erradicación del sinhogarismo y que se está extendiendo por varios países: el housing first. Este modelo en el que está trabajando, entre otras, RAIS Fundación, pretende colocar la vivienda en el centro de la intervención.
Tradicionalmente el abordaje de las problemáticas de estas personas ha sido protagonizado por la política social y es cierto que las necesidades de las personas sin hogar son múltiples y variadas (alcoholismo, salud física y mental, escasez de apoyo familiar…), pero cada vez más expertos en la materia están colocando el acento en la vivienda como eje de una intervención más amplia.
De esta manera, como afirma Fernando Fantova, la exclusión residencial grave ha de ser una responsabilidad, en primera instancia, de la política de vivienda, aunque lo multidimensional y complejo del problema requiera la colaboración de varios servicios y, qué duda cabe, que los servicios sociales y de salud también.
Hasta pronto.
